El día 11 de marzo llegó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid una denuncia de irregularidades en las muertes de varios enfermos. Se abrió una investigación y se descubrió que se habían administrado dosis excesivas de sedantes de manera intencionada, o al menos negligente.
Hoy la oposición ha pedido la dimisión del Consejero.
Hasta aquí todo normal, si no fuera porque las razones que argumenta la oposición no son la responsabilidad política o el no haberlo evitado, sino el hecho de condenar dichas irregularidades (o más bien asesinatos) y haber cesado al responsable del hospital donde ocurrieron los hechos.
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